Además, la cancillería ilegítimas de Honduras solicitó el retiro del personal diplomático, administrativo, técnico y de servicio, dijo el encargado de negocios de la embajada venezolana en la nación centroamericana, Ariel Vargas.

Vargas dijo no estar sorprendido por la noticia, pues "ya nos lo habían anunciado, desde el sábado. Ya lo comuniqué a Caracas y espero tener una noticia de allá en las próximas horas".

Además, las autoridades de facto de Honduras pidieron el retiro del todo el personal diplomático hondureño en Venezuela, en un plazo no mayor de 72 horas.

Sin embargo, el embajador hondureño en Caracas, Germán Espinal, ha manifestado su lealtad al presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, que fue objeto de un golpe de Estado militar el pasado 28 de junio.

El régimen de facto de Honduras había advertido al gobierno venezolano que cesara lo que el presidente ilegítimo, Roberto Micheletti, considera como una injerencia en asuntos internos de este país centroamericano, porque de lo contrario expulsaría a sus diplomáticos.

Esta determinación, fue anunciada esta mañana en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, "considerando las amenazas, al uso de la fuerza, la intromisión en asuntos exclusivos, así como el irrespeto a la soberanía de nuestro país" y abarca a todo el personal administrativo, técnico y diplomático.

De igual forma la cancillería golpista recordó el llamado gubernamental a los "usurpadores" de cargos en los consulados y embajadas hondureñas, tras su destitución por parte de Micheletti.

Las destituciones de dicho personal del gobierno legítimo de Manuel Zelaya se debe a que "retienen fondos y usan sellos estatales en diferentes consulados", principalmente en Estados Unidos.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ya había mandado a retirar al embajador de su país en Honduras, Armando Laguna, de la sede diplomática en Tegucigalpa, una vez que se perpetrara el golpe de Estado militar contra Zelaya.

Pese a la acción golpista, el resto de la delegación diplomática permanecía en Honduras, puesto que está acreditada por el Gobierno legitimo y constitucional.